Hay momentos en la vida de una nación donde una tragedia no solamente conmueve a la sociedad; también revela las fortalezas y debilidades de quienes tienen la responsabilidad de dirigirla.
La muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, en Herrera, Santo Domingo Oeste, ha estremecido al país y vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que República Dominicana arrastra desde hace décadas: ¿qué ocurre cuando la sospecha de abuso recae precisamente sobre quienes tienen el deber constitucional de proteger al ciudadano?
Según las informaciones conocidas, el joven perdió la vida durante una intervención policial y el cabo José Francisco Moreta Heredia fue señalado como el agente involucrado, quedando bajo el proceso correspondiente mientras las autoridades establecen las responsabilidades del caso.
Con grito presidencial: “eso es un animal”
Más allá de las conclusiones judiciales, existe una realidad humana que nadie puede ignorar: una familia perdió un hijo. Un joven con sueños, proyectos y una vida por delante.
Si un miembro de la Policía Nacional actuó fuera de la ley, debe responder ante la justicia.
La autoridad del Estado no puede convertirse en una amenaza para aquellos a quienes tiene la obligación de proteger.
Pero esta tragedia también abre una discusión que la política dominicana no puede evitar: la memoria histórica.
La violencia policial no nació ayer
La violencia policial no es un fenómeno creado por la presente administración. Es una deuda institucional que la República Dominicana arrastra desde hace décadas.
Antes de convertir una tragedia en una bandera electoral, la clase política debería asumir una responsabilidad elemental: recordar su propia historia.
Durante años, familias dominicanas reclamaron respuestas mientras muchas muertes atribuidas a agentes policiales quedaban bajo una misma explicación oficial: “intercambio de disparos”.
Esa expresión se convirtió en uno de los mayores símbolos de cuestionamiento al accionar policial, porque numerosos familiares y organizaciones de derechos humanos reclamaban investigaciones más profundas sobre las circunstancias de esos hechos.
Durante los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012), organismos nacionales e internacionales denunciaron preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza policial y la necesidad de transformar una institución marcada por problemas estructurales.
Amnistía Internacional documentó denuncias sobre homicidios ilegítimos, malos tratos y abusos atribuidos a miembros de la Policía Nacional, señalando la necesidad de investigaciones efectivas y reformas profundas.
Uno de los episodios que más impactó la conciencia nacional fue la matanza de Paya, Baní, en 2008, donde siete hombres fueron asesinados en un hecho que involucró agentes policiales y que terminó con condenas judiciales.
Aquel acontecimiento no fue solamente un expediente criminal; fue una señal de alarma sobre la crisis de confianza entre la ciudadanía y la institución responsable de garantizar la seguridad.
También permanece en la memoria nacional el caso de Juan Almonte Herrera, desaparecido en 2009, que generó denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos que exigían esclarecer la posible participación de agentes estatales.
La historia demuestra que el problema no apareció ayer.
Los números también tienen memoria
Las cifras cuentan una realidad que la política no puede borrar.
Durante los gobiernos de Leonel Fernández, República Dominicana vivió algunos de los años con mayores niveles de homicidios de su historia reciente. Entre 2010 y 2011, la tasa de homicidios estuvo alrededor de 25 casos por cada 100 mil habitantes, con más de 2,400 muertes violentas anuales.
Detrás de cada número había familias destruidas, comunidades afectadas y una sociedad reclamando respuestas.
Durante los gobiernos de Danilo Medina (2012-2020), aunque los homicidios generales continuaron descendiendo, la preocupación por la actuación policial permaneció presente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció en 2014 alrededor de 200 muertes en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional y reclamó investigaciones más rigurosas y mecanismos de control más efectivos.
La conclusión es clara:
La violencia policial no tiene dueño político.
No comenzó con Luis Abinader, pero tampoco puede ignorarse durante su administración.
Los errores del pasado no justifican los errores del presente.
Una oposición con memoria selectiva
La oposición tiene todo el derecho democrático de exigir explicaciones al Gobierno. La fiscalización del poder es parte esencial de una democracia.
Pero existe una diferencia entre exigir justicia y actuar como si un problema histórico hubiera nacido recientemente.
Presentarse como descubridores de una realidad que estuvo presente durante años es una forma de memoria selectiva.
La política no puede recordar solamente los errores del adversario y olvidar sus propias responsabilidades cuando tuvo la oportunidad de gobernar.
Los ciudadanos merecen una discusión más honesta.
La violencia policial no pertenece a un partido. Pertenece a una deuda institucional que todos los gobiernos han tenido la obligación de enfrentar. Y a una sociedad sin control emocional lo que demuestra que está enferma.
Un gobierno con argumentos, pero sin voz
Sin embargo, el Gobierno actual también debe asumir su responsabilidad.
El problema del PRM no es solamente enfrentar una crisis; es la forma en que la comunica.
La administración del presidente Luis Abinader ha impulsado un proceso de reforma policial y una estrategia de seguridad que sus autoridades vinculan con una reducción importante de los indicadores de violencia.
Las gestiones de Jesús “Chu” Vásquez y posteriormente de Faride Raful han colocado la transformación policial como uno de los objetivos centrales del Estado.
Pero en política, los números no hablan solos.
Las cifras necesitan una voz.
Un gobierno puede tener obras, reformas y resultados, pero si no comunica con sensibilidad, permite que otros construyan la interpretación de los hechos.
Una familia que pierde un hijo no escucha primero estadísticas. Escucha si alguien reconoce su dolor.
Una sociedad indignada no busca solamente informes técnicos. Busca liderazgo.
Ahí está la gran debilidad del PRM: la ausencia de una respuesta comunicacional más activa, humana y estratégica.
La batalla por el relato
La política moderna no solamente se libra en los tribunales ni en las instituciones. También se libra en la percepción ciudadana.
La oposición ha entendido que una crisis puede convertirse en una batalla narrativa.
El Gobierno debe entenderlo también.
No basta con gobernar; hay que explicar.
No basta con hacer; hay que comunicar.
No basta con tener argumentos; hay que conectar con la ciudadanía.
La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes debe servir para exigir justicia y para profundizar la transformación policial.
Pero también debe servir para recordar una verdad fundamental:
Los muertos no tienen partido.
El dolor de una familia no puede ser utilizado como instrumento electoral.
La justicia debe hablar.
La Policía debe transformarse.
Y el Gobierno debe aprender que, en democracia, quien deja vacío el espacio de la explicación permite que otros escriban su historia.
Porque al final, los pueblos no solamente recuerdan lo que ocurrió.
También recuerdan quién estuvo presente cuando más necesitaban una respuesta.
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