SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público cuenta con mil 700 pruebas recopiladas en Brasil y en el país que sustentan el expediente contra los acusados de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para garantizar a esa firma la concesión de obras del Gobierno, aseguró el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
“Allí están los testimonios de esas personas debidamente certificados, que dicen quién le dio dinero a quién”, afirmó.
Agregó que “tenemos los elementos de pruebas suficientes, no solo obtenidos en Brasil, sino también los de la investigación que hicieron en el país para que los procesados sean condenados en un juicio de fondo”.
“Nosotros hicimos una investigación seria que tiene que ver con los movimientos bancarios, propiedades, los que habían comprado, los que habían movido”, expresó.
Explicó que “los testimonios se convierten en pruebas de por sí, que no podrán ser derribados con un tú a tú, ya que son pruebas válidas establecidas en el Código Procesal Penal”.
“Los testimonios de las personas interrogadas en Brasil debidamente certificadas figuran en el expediente, por lo que existen los elementos de pruebas suficientes para que los acusados sean condenados en un juicio de fondo”, precisó Rodríguez en el programa “Verdades al Aire”, que se transmite los sábados por CDN, donde fue entrevistado por Adolfo Salomón.
De otro lado, Rodríguez se mostró en desacuerdo con un proyecto de ley que estudia la Cámara de Diputados, que incorpora la castración química para los sentenciados y reincidentes en el delito de violación.
Consideró que el deber de las autoridades y el sistema es regenerar a la persona que ha delinquido, tal y como lo establecen las leyes.
Fundamentó su planteamiento en el artículo 42 de la Constitución de la República sobre el derecho a la integridad personal, y expresó que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, a vivir sin violencia y con la protección del Estado.
“Estamos en pleno siglo XXI y resulta insólito procurar establecer una ley que incluya la castración, esto no procede ni legalmente, ni humanamente ni moralmente. La Constitución es clara y establece además que nadie puede ser sometido a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida”, afirmó.
Además de su posición con respecto al proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal o la castración química, el procurador también propone modificaciones a los proyectos de leyes de indultos y el que crea el Sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para el que pidió la “mayor celeridad”.
Asimismo, propone modificar el proyecto de ley del Código Penal Dominicano, y el que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de los embargos.
Sostuvo que aunque este año, luego de la puesta en marcha de las 22 acciones del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, los femenicidios han disminuido en un 18 por ciento, aún las cifras son altas y se necesitan leyes y medidas más detalladas y más fuertes para erradicar esta problemática social.
Destacó las acciones que viene implementando desde el Ministerio Público para lograr un abordaje integral de este mal, destacando en ese sentido, el plan de mejoras de las infraestructuras de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, así como la creación de otras en las 14 provincias que no cuentan con oficinas de esta índole.
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