En consonancia con las líneas maestras de su política sobre migración, el gobierno británico ha decidido endurecer las medidas contra la presencia de extranjeros ilegales en su territorio con la finalidad de ejercer un mayor control y dominio de este fenómeno.
El primer ministro David Cameron ha trazado una serie de iniciativas que pronto tendrán caracter de ley para considerar como delito el trabajar ilegalmente o emplear a extranjeros en situación irregular en ese país, que abarca también la obligación de los bancos de verificar las cuentas de personas sospechosas de estar en estas condiciones.
Se propone, adicionalmente, confiscar los salarios devengados por los inmigrantes ilegales y penalizar a aquellos que alquilan pisos a estos extranjeros.
Cameron se queja de que la presencia de los inmigrantes ilegales ocasiona problemas para los servicios públicos, en especial la sanidad pública y las escuelas.
Si hacemos una comparación entre las motivaciones que tiene la sexta potencia económica mundial para reaccionar de esta forma ante el aumento de 318 mil inmigrantes ilegales y las razones que debe invocar República Dominicana para proceder con sus normas de migración y regularización, fácilmente observamos que aquí, en la práctica, no estamos actuando ante los ilegales como otras naciones dicen o creen que lo estamos haciendo.
Demasiado timoratos parecemos a la hora de tomar medidas que están amparadas no solamente por la Constitución y las leyes sino por las acciones sucedáneas a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley sobre naturalización.
Por cierto, uno de los diplomáticos que ha aplaudido estas medidas ha sido el embajador del Reino Unido en el país, Steven Fisher, quien recientemente dijo en una charla que cuando se venza el plazo para la regularización este 15 de junio “para aquellos que deben irse, es vital que dicho proceso se realice respetando los derechos humanos, pero se tienen que ir. Nadie, y menos mi país, criticará a República Dominicana por llevar a cabo las deportaciones - siempre y cuando se hagan dentro de un marco legítimo y respetando los derechos humanos”.
No se podía esperar menos de ahí.
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