Mauricio ToribioLa situación del tránsito en la República Dominicana ha degenerado hasta convertirse en un problema estructural que va mucho más allá del simple desorden vial. Los constantes enfrentamientos, discusiones y hasta altercados violentos entre miembros de la DIGESETT y conductores no son hechos aislados: son síntomas visibles de una profunda crisis de autoridad, planificación y respeto mutuo que afecta a todo el sistema de movilidad del país.
Por un lado, muchos agentes de tránsito actúan con intransigencia, falta de criterio o incluso arbitrariedad, lo que provoca frustración en conductores ya tensos por el caos diario, los interminables tapones y la presión de llegar a tiempo a sus compromisos. Por el otro, una parte significativa de los choferes —sobre todo del transporte público— circulan con una actitud desafiante y prepotente, violando las leyes con impunidad, como si estuvieran por encima del sistema.
Pero más allá de las fallas individuales, el verdadero problema radica en la falta de una política de Estado seria y coherente que aborde el tránsito como una prioridad nacional. Durante décadas, los gobiernos de turno han mostrado una preocupante indiferencia hacia la regulación del transporte, improvisando soluciones temporales, sin un enfoque integral, educativo ni preventivo. Esta dejadez institucional ha generado un clima de desconfianza y confrontación constante, donde la autoridad no se respeta porque no se ha ganado el respeto, y el ciudadano actúa por su cuenta porque no siente que el sistema le represente.
El resultado es un entorno caótico, donde cualquier roce puede escalar hasta convertirse en tragedia. Mientras no se reforme a fondo el sistema de tránsito, con inversión, planificación, educación ciudadana y profesionalización de los agentes de DIGESETT, estos enfrentamientos seguirán siendo parte del paisaje urbano dominicano. Y lo más lamentable: seguirán costando vidas.
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