Inocencio Encarnación
Santiago.-El jurista y expresidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Juan Carlos Ortiz, lanzó una fuerte advertencia sobre el aumento de la violencia, el desorden y la impunidad en las calles del país, al afirmar que República Dominicana atraviesa una peligrosa “pirámide invertida” donde los infractores imponen el miedo y la autoridad pierde control.
Ortiz aseguró que la falta de sanciones firmes está provocando que ciudadanos actúen con agresividad en espacios públicos, desde parqueadores informales y motoristas hasta grupos que destruyen vehículos o intentan hacer justicia por mano propia.
“Hoy cualquiera en una vía pública quiere imponerse por la fuerza. Si no le das dinero a un parqueador, te rompe un vidrio; motoristas violentan derechos y otros ciudadanos quieren asumir la justicia por sus propias manos”, denunció.
El jurista sostuvo que el sistema judicial está enviando un mensaje de debilidad frente a delitos y conductas violentas que antes eran castigadas con mayor severidad, situación que, según afirmó, está alimentando el deterioro de la convivencia social.
“Estamos normalizando la violencia y la impunidad. El Estado no puede esperar que ocurran homicidios o tragedias para actuar. Las faltas pequeñas también deben perseguirse y castigarse”, expresó.
Ortiz criticó además que muchos casos terminan minimizados en los tribunales bajo el argumento de que “no pasó nada grave”, lo que considera un incentivo para que continúen las agresiones y actos delictivos.
Durante sus declaraciones, el ex presidente del CDES citó recientes hechos violentos protagonizados por choferes y ciudadanos en las calles, señalando que este tipo de episodios eran poco comunes en el país y reflejan un alarmante deterioro de la autoridad.
“Eso no se veía en República Dominicana. Estamos enviando un mal mensaje a la población y el resultado es que cada día la violencia se vuelve más peligrosa y frecuente”, advirtió.
Ante esa situación hizo un llamado urgente al Poder Judicial y a los administradores de justicia para imponer castigos ejemplares contra quienes violen la ley, incluso en casos considerados menores, a fin de evitar que la impunidad siga escalando en las calles dominicanas.
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