Por ALBERTO QUEZADA
El colapso del techo del centro de diversión Jet Set, con saldo trágico de muertos y heridos, ha generado un torrente de indignación pública. Sin embargo, el enfoque de las autoridades ha sido tan predecible como preocupante: todo recae sobre una sola persona, Antonio Espaillat, mientras el Estado-responsable directo de fiscalizar y prevenir este tipo de desastres- guarda silencio.
¿Es justo y suficiente señalar únicamente al propietario del local, sin indagar cómo una estructura en evidente deterioro operaba con todos sus permisos en regla? ¿Ninguna institución sabía del estado del techo?. ¿Cuándo fue la última inspección del Cuerpo de Bomberos? ¿Dónde están los informes técnicos que debieron exigir el Ayuntamiento del Distrito o el Ministerio de Obras Públicas?.
Quiero dejar claro, que al señor Espaillat no le conozco personalmente, ni me interesa, simplemente hago la reflexión porque aquí se tiene la mala maña de subirse en olas y ensañarse contra personas sin llegar al fondo de las cosas.
El caso Jet Set es más que una tragedia puntual. Es una radiografía de un sistema institucional que falla por omisión, por permisividad o por negligencia. Y esa falla es colectiva. En un país donde muchos negocios nocturnos operan sin controles estructurales serios, el desplome no fue una sorpresa: fue una consecuencia.
En lugar de abrir una investigación técnica y administrativa sobre cómo el local seguía funcionando bajo condiciones de riesgo, las autoridades prefirieron el camino rápido: identificar a un responsable visible, ponerle rostro al escándalo y calmar la presión mediática. Pero con eso no se hace justicia. Se simula.
El Estado tiene un deber irrenunciable: garantizar que los lugares públicos sean seguros. Si no inspecciona, si no exige mantenimientos, si entrega licencias sin verificar, entonces también es culpable. No con nombre y apellido, pero sí como estructura fallida.
El techo de Jet Set cayó. Y con él, también colapsó parte de la credibilidad institucional. Que no se revisen responsabilidades dentro del aparato público es, en sí mismo, otra forma de impunidad.
Mientras la atención se concentra en un solo acusado, las verdaderas preguntas siguen sin respuesta. Y si nadie las formula desde el poder, habrá más techos a punto de caer… y más vidas en peligro.
jpm-am
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