Por ALI NUÑEZ
SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca regular el proceso de transición gubernamental en República Dominicana, sin detrimento de los aspectos regulados por otras normas especiales.
El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que las bancadas de los diferentes partidos acordaron que la iniciativa fuera aprobada en primera lectura y que en una segunda lectura hicieran las modificaciones que ameriten.
La pieza, de la autoría del diputado Omar Leonel Fernández, en su artículo 5, señala como obligación que los funcionarios de alto nivel o de mayor escala jerárquica dentro del nivel de elección sujeto a cambio, estarán obligados a participar en el proceso de transición, so pena de las acciones legales correspondientes que pudieran derivarse de su negativa a la entrega de información pública, obstrucción de justicia, entre otras.
Establece además que durante dicho periodo se prohíbe a la administración saliente realizar actos de gestión que puedan comprometer los fines de la administración entrante, entre las que se encuentran las siguientes:
1) Otorgar ascensos o designaciones de personal, cambios de categoría o pases a planta permanente, excepto que los mismos sean mediante concurso público u oposición; exceptuando el personal docente y auxiliar y el personal hospitalario.
2) Donar o ceder gratuitamente bienes del Estado.
3) Iniciar procesos de licitaciones o contrataciones públicas que excedan los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto General del Estado vigente, o que comprometan los presupuestos de ejercicios futuros sin la autorización legislativa expresa.
4) Aumentar los gastos previstos en el presupuesto con fondos provenientes de los incrementos de los recursos de financiamiento no previstos presupuestariamente.
5) Iniciar proyectos u obras públicas no presupuestadas o programadas.
El proyecto de ley contempla también que cualquier funcionario o empleado público que destruya, extravíe u ocultare cualquier tipo de información, archivos o expedientes, incluyendo aquellos electrónicos, con la intención de retrasar u obstaculizar el proceso de transición o de evadir su responsabilidad en cualquier institución, departamento o corporación del Estado será sancionado con la pena de dos hasta diez años de prisión.
an/am
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