martes, 8 de marzo de 2022

Banda Discovery usurpaba roles de oficiales federales de Estados Unidos

 OTRA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BANDA CRIMINAL ES COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO.


La reciente Operación Dis­covey desmantelada por las autoridades del Minis­terio Público, la organi­zación criminal operaba a través de centros de lla­madas “call centers” que estaban compuestos por diversas personas que ma­nejan el idioma inglés, la tecnología y se prestaban para ser agentes operado­res que contactan a las víc­timas estafándolas y ex­torsionándolas conforme a un guion previamente establecido por el propie­tario o administrador del mismo.

El uso de la tecnología ha sido su principal he­rramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redi­reccionamiento para lla­madas simuladas para la comisión del ilícito.


Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciación de malhechores y lavado de activos.

Su modus operandi era a través de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.


Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la República Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­teamérica para posterior­mente transferir los capi­tales ilícitos obtenidos y blanquearlos.

Además, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a tra­vés de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas.

 


Inversiones del grupo

Colocaron millonarios fon­dos en efectivo que reci­bían de sus operaciones ilícitas, como la estafa in­ternacional y el tráfico de armas, a través de empre­sas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, te­le servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.

También de servicios de transporte de personas, in­termediario de ventas de vehículos, servicios de trac­king vía GPA, servicios de chofer personalizado, a tra­vés de la producción de mú­sica y video del género ur­bano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas coto­sas (relojes, cadenas), entre otros.


Otra de las característi­cas de esta organización cri­minal es la tenencia y co­mercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional de­nominada “Los Trinitarios”.

La mayoría de los inte­grantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de Améri­ca, otros tienen anteceden­tes penales en el país, así co­mo su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciu­dad de Santiago de los Caba­lleros donde tenían su centro de mando y operación.


Portaban armas de fue­go de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pa­ra uso de policías y militares como es el caso de las suba­metralladoras Uzi.

Invirtieron dinero ilíci­to en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, leal­tades e impunidad.

La red criminal utilizaba diversas maneras para esta­far a sus víctimas, utilizan­do habilidades de ingenie­ría social.

Según plantea el Minis­terio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les deposita­ran dinero.


De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la des­mantelada red “infundían terror a personas diciéndo­les que podían secuestrar­los a ellos y su familia. Es­to les garantizaba que las víctimas pudieran deposi­tar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el re­sultado del crimen”.

Ya de manera más especí­fica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafado­res adulteraban, en primer lugar, su identificación.

Sobre esto, explica en el expediente que utiliza­ban proveedores especiali­zados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en in­ternet.







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