LA HABANA.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha solicitado este viernes a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que promueva una acción internacional en favor del derecho de los cubanos a «manifestarse libremente sin ser reprimidos» de cara a las protestas previstas para el próximo 15 de noviembre en el país.
En una carta suscrita por el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, el organismo ha pedido además al Gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos encarcelados en la actualidad, si bien ha lanzado un mensaje de alerta a la población dado que las protestas han sido prohibidas por las autoridades.
TEMEN SE REPITAN ACCIONES VIOLENTAS
Para el OCDH existe una alta posibilidad de que se «repitan las acciones violentas contra los manifestantes como el pasado mes de julio». «La respuesta del Gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos de los convocantes y la amenaza de la Fiscalía sobre el hecho de que tendrán que enfrentarse a las consecuencias en caso de que decidan marchar», recoge el texto.
La carta recuerda la represión desatada en el marco de las protestas de julio y matiza que Bachelet «no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes e incluso menores de edad».
Así se ha referido a los que permanecen detenidos y ha apelado a la «empatía» de Bachelet: «los cubanos sufren por querer ejercer sus derechos». Junto a la carta, el OCDH ha enviado un informe jurídico que reafirma la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre basándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que el Gobierno de Cuba está obligado a cumplir en materia de Derechos Humanos.
La información destaca que las autoridades locales no tienen reconocimiento «dentro del ordenamiento jurídico nacional, para limitar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución».
El OCDH ha manifestado así que las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha «no los sustrae de su condición humana ni de sus derechos fundamentales universales». «Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación», ha zanjado.
sp-am
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